EL SISTEMA JUDICIAL AFRICANO DEL CIADI Y EL RIGI DE MILEI

POR EDUARDO CONESA

En el decenio de 1960, Estados Unidos conminó a las potencias europeas a abandonar el colonialismo en los países del África por considerar que el mismo constituía una bandera muy importante para el independentismo comunista promovido por la URSS. Por el contrario, era necesario proclamar la independencia de las colonias africanas y hacerlas naciones libres y democráticas. 

Pero había un grave problema para desarrollar esos países bajo el sistema capitalista: no tenían sistemas legales confiables. Reinaba la ley de la selva. En ese contexto era imposible que capitales extranjeros invirtieran en esos países ya independientes, para desarrollarlos dentro del sistema de propiedad privada de los medios de producción. Por ello surgió la idea del CIADI. 

¿En qué consistía ese sistema? En que, si había un conflicto legal entre el gobierno de un país africano y un inversor extranjero, en lugar de recurrir al Poder Judicial de los países africanos que eran muy rudimentarios o inexistentes, se estableció el CIADI:  si un país africano, por ejemplo Nigeria o Ghana, tenía un conflicto con una empresa petrolera o minera estadounidense, francesa o inglesa, el país africano designaba un abogado defensor, la empresa extranjera otro abogado y entre los dos se ponían de acuerdo en designar un tercero supuestamente neutral. Luego el tribunal arbitral se reunía en la sede del Banco Mundial en Washington o en París y dictaba un laudo inapelable. De esta manera se superaba la inexistencia o corrupción del sistema judicial del país africano, y se daba seguridad jurídica a los inversores extranjeros. 

En Argentina nuestra dirigencia del decenio de 1990, firmó 60 tratados de protección con diversos países para inversores extranjeros, reconociendo, indirectamente, que la Argentina era África. Es decir que estos convenios implicaban reconocer que no teníamos un Poder Judicial independiente y honesto. 

Es evidente el error de  los gobernantes del decenio de 1990: en lugar de mejorar y prestigiar a nuestro Poder Judicial con abogados brillantes y honestos que la Argentina tiene, optaron por el régimen africano del CIADI, olvidándose también de las doctrinas de grandes juristas argentinos. Como Carlos Calvo, autor de un brillante tratado de derecho internacional público de 1868 y la doctrina de nuestro canciller José María Drago, ministro de relaciones exteriores del general Roca, ambos contrarios a la intervención por la fuerza de potencias extranjeras en detrimento de los poderes judiciales locales de nuestros países, y del uso de la fuerza militar para proteger a sus inversores. En el decenio de 1990, el ministro de Justicia del Brasil no podía creer que nada menos que la orgullosa Argentina, hubiese impulsado esos tratados, lesivos de su soberanía. 

Ahora resulta que el presidente Milei con su ley RIGI, pretende incentivar la venida de capitales extranjeros con el sistema africano del CIADI, agraviando a nuestro Poder Judicial. El camino correcto es nombrar en nuestro Poder Judicial jueces honestos, imparciales y prestigiosos y no jueces como Ariel Lijo propuesto para la Corte Suprema, para intervenir en los conflictos que puedan ocurrir entre nuestro país con inversores extranjeros. 

Con el sistema africano del CIADI adoptado por la Argentina del decenio de 1990, el país ya perdió juicios por 38 mil millones de dólares. Por supuesto, todavía queda pendiente la cuestión de la evidente inconstitucionalidad del mismo sistema del CIADI, por ser contrario al artículo 116 de nuestra Constitución Nacional el que establece que nuestra Corte es “SUPREMA” y la circunstancia de que podría quedar también pendiente el trámite del exequátur ante nuestro poder judicial, de acuerdo al artículo 54 inciso 3 del mismo Convenio del CIADI. 

Si al sistema judicial africano del CIADI y jueces como Ariel Lijo, le agregamos el control de cambios, el cepo cambiario, la sobrevaluación cambiaria, la alta probabilidad de devaluación porque el tipo de cambio actual es insostenible en el mediano plazo, el ya altísimo nivel de deuda externa que ostenta la Argentina (deuda que además viene creciendo al 20% por año), el turismo argentino yéndose al Brasil, a Chile y a otros países mucho más baratos en dólares, se hace evidente que será difícil que inversiones privadas serias, creadoras de abundantes puestos de trabajo vengan a nuestro país. En todo caso, en estas condiciones, sólo es probable que vengan buitres a esquilmarnos.