Un Plan Macroeconómico para 2024 / por Eduardo Conesa. 

La terrible crisis económica que enfrenta nuestro país a comienzos de 2024 ofrece una oportunidad para cambiar instituciones, así como viejas políticas erróneas que nos han provocado una decadencia de más de 70 años, única en los tiempos modernos de nuestro planeta. ¿Cuáles son esas nuevas políticas para restablecer nuestro crecimiento espectacular desde 1880 hasta 1943? Como medida de fondo y de muy largo plazo, lo principal es establecer la meritocracia en la Administración Pública. Sin esta reforma fundamental, la Argentina, víctima del clientelismo político, esencia profunda de la corrupción actual, no tiene destino: a la larga desaparece del mapa. 

También es necesario que abandonemos la nefasta y falsa idea de que para mantener altos los salarios reales de la clase trabajadora es necesario tener el tipo de cambio bajo. Esta teoría nefasta ha sido sostenida “técnicamente” por los economistas Gerchunoff y Rapetti (1) en un artículo publicado en la revista del Fondo de Cultura Económica de México, según mencionáramos antes en este libro, y es aceptada, equivocada y lamentablemente, por una gran mayoría de los economistas argentinos, tanto del gobierno como de la oposición. 

En efecto, ocurre que con el tipo de cambio bajo no exportamos lo suficiente, y entonces enfrentamos una crónica escasez de divisas que nos impide invertir y crecer: lo que en la jerga de los economistas se denomina la “foreign exchange constraint for development”. 

A su vez, la escasez de divisas inducida por la falta de suficientes exportaciones induce a nuestros gobiernos de los últimos 50 años a incurrir en un gran endeudamiento externo para superar esa escasez de dólares. Pero la oferta de divisas proveniente del endeudamiento externo, a su vez, permite mantener el tipo de cambio real bajo y ello desalienta las exportaciones y alienta la fuga de capitales, pues la gente compra lo que es barato: el dólar. Y esa fuga alcanza a un acumulativo a través de los años de 400 mil millones de dólares. Se ha estimado por el economista Orlando Ferreres y asociados que, si los 400 mil millones de dólares argentinos fugados en los últimos 50 años se hubieran invertido en nuestro país, hubiéramos crecido y tendríamos hoy un nivel de vida similar al del Canadá. Casualmente, las cifras de la deuda externa pública y privada coinciden bastante con las de fuga de capitales: 400 mil millones de dólares, y esto no es pura casualidad: es en realidad verdadera “causalidad”.

Pero existe un cuarto efecto adicional del tipo de cambio real bajo, aparte de la falta de crecimiento económico, de la fuga de capitales y del endeudamiento externo: es la acumulación de un desempleo del 40% de la fuerza de trabajo, que cobra “planes” y no trabaja y/o engrosa innecesariamente el plantel de empleados públicos clientelares.

Las estadísticas de las cuentas nacionales confirman que en los últimos 50 años el país no ha experimentado ningún desarrollo económico y que el tipo de cambio real fue por lo general bajo, aunque a veces haya experimentado algunos spikes. En resumen, el tipo de cambio bajo por 50 años tuvo cuatro efectos: primero, una falta de crecimiento de las exportaciones; segundo, una deuda externa de más o menos 400 mil millones de dólares; tercero, una fuga de capitales equivalente a otros 400 mil millones de dólares; y cuarto, por otra parte, un enorme desempleo encubierto de la fuerza de trabajo desempleada del orden del 40%. 

Las cifras oficiales del desempleo lo ponen en un 8%, lo cual es falso, porque esta cifra computa solamente a las personas que buscan trabajo, y la gran mayoría no lo hace porque está desalentada y, además, cobra “planes”, y por eso mismo es que no busca empleo y está dentro de ese 40%.

El efecto del tipo de cambio bajo en la falta de crecimiento de las exportaciones, en el endeudamiento externo y en la fuga de capitales es muy obvio y fácil de entender, pero no así el gran desempleo, que requiere una explicación adicional.

Las elasticidades “precio” e “ingreso” de la curva de demanda de trabajo 

El salario real depende de la oferta y la demanda de trabajo, y no del tipo de cambio real. La teoría del tipo de cambio real bajo como determinante del salario real alto es sostenida por la mayoría de los economistas argentinos, peronistas y no peronistas, ambos equivocadamente, siguiendo a Gerchunoff y Rapetti. Veamos por qué. La demanda de trabajo en todos los países tiene una elasticidad precio muy baja, del orden de -0,20. Pero, además, en la Argentina, los empresarios calculan los costos salariales en dólares: si el dólar se devalúa en términos reales en un 100%, ello significa que la demanda de trabajo aumentará en un 20%, y si el dólar se revalúa a la mitad, la demanda de trabajo caerá en un 20%. El dólar bajo reduce pues la demanda de trabajo y el dólar alto la aumenta. 

Pero, además, la demanda de trabajo tiene una “elasticidad ingreso” del orden de 1, si el tipo de cambio es elevado. Quiere decir que, si el tipo de cambio es muy alto para el largo plazo, ello generará un fuerte crecimiento de las exportaciones, y este tendrá un efecto multiplicador sobre el PBI que podrá crecer, digamos, al 6% anual, y como la elasticidad ingreso de la demanda de trabajo es de 1, resulta que la demanda de trabajo también crecerá al 6% anual, pari passu con el crecimiento del PBI.

En consecuencia, es claro que las elasticidades de la oferta y la demanda de trabajo implican que el bajo crecimiento de las exportaciones, consecuencia de la sobrevaluación cambiaria crónica, generará a su vez un bajo crecimiento del PBI, el que a su turno inducirá un alto crecimiento en el desempleo, dado el crecimiento vegetativo de la población y de la oferta de trabajo. Por eso, después de 50 años de estancamiento, la Argentina ostenta un desempleo que en verdad llega a un 40%, aunque esté encubierto por los “Planes Trabajar” y otros subsidios.

La elección del 19 de noviembre de 2023: Javier Milei, economista liberal

El ganador final en el ballotage, Javier Milei, con toda razón, critica ácidamente a la “casta política” por el exceso de gasto público, por la corrupción y por la inflación. Y tiene la más absoluta razón: el reclutamiento de la clase política argentina, tanto en los cargos más altos como en los menores, se funda en el amiguismo de la mera militancia política, o el parentesco, y ello ha creado un Estado obeso, supercorrupto e inservible que nos ha sumido en una decadencia que ya lleva más de 50 años. Desde 1900 hasta 1943 estábamos entre los 5 o 6 países de mayor ingreso per cápita del mundo, pero, lamentablemente, en la actualidad, estamos entre los más pobres, decadentes y con mayor inflación de todo el planeta. Pero, en verdad, el mal no radica tanto en el sistema democrático en sí, sino en el sistema de nombramientos de personal del Estado, que en lugar de hacerse por exámenes e idoneidad, como manda el art. 16 de la Constitución Nacional, se hace por clientelismo y amiguismo, lo cual ha creado ese Estado terriblemente ineficiente y corrupto donde el gobierno finalmente y a la postre no resulta democrático, sino kakistocrático: el gobierno de los peores (2). 

Afortunadamente, el presidente electo Javier Milei, después de ganar el ballotage, afirmó categóricamente tras su victoria el mismo día 19 de noviembre: “No hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia”. 

En consecuencia, el programa del presidente Milei debiera fundarse inicialmente en la facultad del presidente de la República del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional, que lo faculta a dictar decretos de necesidad y urgencia con fuerza de ley en los siguientes términos: “Cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los tramites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, el Poder Ejecutivo… podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe del Gabinete de Ministros”.

A nuestro juicio, las medidas iniciales de ese programa común de Milei-JXC debería ser el que se enuncia en los puntos siguientes, pues se trata de un programa auténticamente liberal-desarrollista, moderno y políticamente digerible, si se lo explica bien a la opinión pública argentina, a saber:

a) Salir del cepo cambiario inmediatamente.

b) Establecer un tipo de cambio recontraalto, fijo e indexado con el IPC.

c) Establecer retenciones del 20% sobre las exportaciones de materias primas minerales, agrícolas e hidrocarburos para reducir a cero el déficit fiscal e incluso generar superávit fiscal.

d) Eliminar de cuajo las Leliqs, transformándolas en capital de los bancos, con la finalidad exclusiva por parte de los bancos de otorgar, con su producido, préstamos indexados para proyectos industriales, agrícolas, ganaderos, de infraestructura y de construcción de viviendas y con prohibición expresa de utilizarlos para comprar divisas o fuga de capitales.

e) Establecer un derecho uniforme a la importación de toda clase de productos, sean terminados, insumos o materias primas, con previo acuerdo del Mercosur, lo cual podría demorar la sanción de esta norma.

f) Establecer un régimen monetario similar al chileno de la UF, donde todos los depósitos a plazo fijo a más de tres meses en los bancos quedarán automáticamente indexados con el IPC y también toda clase de obligaciones a más de tres meses.

Salir inmediatamente del cepo cambiario y de los tipos de cambio múltiples

En lo inmediato, la estrategia de desarrollo debe consistir, antes que nada, en salir del sistema corrupto y totalmente anticientífico del “cepo cambiario”, antes llamado “control de cambios”: debe haber un solo tipo de cambio real, alto, estable y competitivo, promotor de las exportaciones. Tener tipos de cambio múltiples es un error técnico mayúsculo, que siempre trae corrupción. La solución científica requiere un tipo de cambio recontraalto, superávit fiscal, tasas de interés reales bajas y un plan económico coherente y tecnocrático. El capital financiero internacional y el de los argentinos en el exterior en dólares vendrá al toque, instantáneamente, dada la extraordinaria movilidad actual del capital financiero internacional, si se dan esas tres condiciones de TCR altísimo, superávit fiscal y plan económico coherente y tecnocrático. El superávit se obtiene con retenciones a las exportaciones primarias del orden del 20% desde el primer momento. El FMI es tradicional y visceralmente contrario, por razones técnicas de la economía política, a los cepos o controles de cambio, y más todavía a los tipos de cambio múltiples, así que prestaría inmediatamente todo su apoyo, lo cual reforzaría la confianza internacional y nacional en el futuro de nuestro país. Si, por el contrario, como sostienen algunos economistas, se dispusiera salir del cepo mediante un desdoblamiento cambiario, yendo a un sistema de dos tipos de cambio, uno oficial y fijo, no muy alto, de unos 600 pesos por dólar, y otro libre y fluctuante de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda, pero también legal, que cotizaría entre 900 y 1.000 pe-sos por dólar, el país se adentraría en un plan económico de gradualismo con déficit fiscal, decreciendo lentamente mediante la dolorosa reducción del gasto público y de impuestos y un crecimiento mediocre que haría perder el impacto psicológico favorable y contundente proveniente del anuncio inicial de un plan completo inspirado en un liberalismo económico desarrollista científico, sano y libre de la corrupción de dos tipos de cambio distintos y con superávit fiscal instantáneo e inmediato. Si la salida del control de cambios y cambios dobles, o peor, múltiples, no se hace en forma inmediata, se proyectará un signo de mediocridad que frustrará la entrada masiva de capitales que se provocaría con el anuncio inicial de un plan coherente publicado con bombos y platillos, repetimos, desde su inicio con un tipo de cambio altísimo, superávit fiscal inmediato como el que acá proponemos y tasas de interés internas reales bajas. Ello significa terminar con la riesgosa “economía de casino” existente en la Argentina actual, dar certezas a todos los sectores económicos y del trabajo. Además, sentar de movida los cimientos para el desarrollo sobre la base de las exportaciones, la inversión y los efectos multiplicadores de ambas variables sobre la creación de empleo.

A nuestro juicio, ese programa común de rápida implementación debería el ser el que se pasa a enunciar más en detalle en los puntos siguientes, pues conforma las bases de un programa auténticamente liberal-desarrollista practicable y viable, cuyas principales medidas iniciales de gran impacto psicológico, como las cambiarias, monetarias y de comercio exterior, pueden tomarse inmediatamente en los primeros días del nuevo gobierno por el Poder Ejecutivo, mediante decretos de necesidad y urgencia, dado que no son medidas impositivas, penales ni electorales.

El ejemplo del tipo de cambio real de 2003-2005 pero indexado

Para conseguir esos tres objetivos centrales e interdependientes entre sí enunciados antes, la primera medida sería fijar un tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo a 1.000 pesos por dólar, según el nivel de precios internos existentes a diciembre de 2023. Este tipo de cambio real debería por lo menos ser equivalente al de 2003. Pero, además, ese tipo de cambio debiera estar indexado con el IPC, como lo hiciera Brasil en sus decenios de oro de su fuerte crecimiento económico, desde 1964 hasta 1985. Al achicarse el PBI en dólares con el nuevo tipo de cambio, también se reduciría el déficit fiscal en pesos, cuando se lo traduce a dólares, y, lo que es más importante, se reduciría el peso muerto del Estado ineficiente sobre la economía. Científicamente se demuestra que por cada 1% de aumento en el tipo de cambio real, la participación del Estado en el PBI se reduce un 0,5%. Esta es la manera superrápida, instantánea y más eficiente de achicar el peso negativo de un Estado terriblemente ineficiente.

Sin embargo, reiteramos que para que el tipo de cambio real alto no genere una suba fuerte de precios que la anule, tiene que estar acompañado de un superávit fiscal considerable. Los únicos tres períodos en los últimos 80 años en que se dio esa relación virtuosa fueron durante el ministerio del Dr. Adalberto Krieger Vasena en 1967-1969, luego durante tres meses en 1985 después de la aplicación del Plan Austral por parte del presidente Dr. Alfonsín y su ministro Dr. Juan Sourrouille y, por último, durante la gestión del Dr. Roberto Lavagna por tres años, a partir de abril de 2002. El tipo de cambio se pudo mantener alto y el gasto público bajó fuertemente “en dólares” y no hubo inflación, o muy poca inflación. En el gráfico siguiente, que cubre el período 1980-2017, puede observarse la considerable baja del gasto público en dólares que matemáticamente genera el tipo de cambio real alto. Los economistas “liberales ingenuos” en nuestro país propician una fuertísima reducción del gasto público cesanteando a dos millones de empleados públicos y otros gastos asistenciales de un solo golpe, con un tipo de cambio bajo, lo cual es políticamente inviable. No en vano, insistimos, la economía se llamaba originalmente “economía política” y era una ciencia para ambos, para políticos y para economistas, no para economistas teóricos solamente. El tipo de cambio real alto determina un gasto público bajo en dólares, solamente si excluimos del gasto público a los pagos del servicio de la deuda pública en dólares, tema este último que se arregla de otra manera, que veremos más adelante.  

El gasto público, en dólares, bajó abruptamente en el 2002 con la devaluación de ese año, que fue seguida de fuerte superávit fiscal, permitiendo así el crecimiento de la economía en 2002-2006. Durante 1982-1989, el tipo de cambio alto tuvo por causa las altísimas tasas de interés de los Estados Unidos, y no la política del Dr. Alfonsín. Lamentablemente, su gobierno incurrió en enormes déficits fiscales que nulificaron las ventajas del tipo de cambio alto y determinaron finalmente la hiperinflación de 1988-1989. El gasto público, medido en dólares, se mantuvo alto durante la convertibilidad por culpa del tipo de cambio real muy bajo de un peso igual a un dólar, no obstante las privatizaciones, y luego ese gasto público bajó abruptamente en el 2002 con la devaluación de ese año, cuando fue seguida luego, además, con retenciones que determinaron un fuerte superávit fiscal, permitiendo así un crecimiento económico desde mediados del 2002 al 2005. Después sobrevino el desastre con la suba del gasto público de los Kirchner en un 50% de 2007 en adelante, lo cual puso fin al plan exitoso iniciado en abril del 2002.

Las gabelas al comercio exterior y el superávit fiscal 

Fijado que sea el tipo de cambio real a 1.000, pesos tomando como fecha de referencia principios de diciembre de 2023, e indexado diariamente, la segunda medida consistiría en cubrir el déficit fiscal con derechos de exportación del 20% sobre bienes primarios, los que solamente se recaudan en dólares y que generarían varios miles de millones de recaudación adicional. Los fundamentos científicos de la economía política para este tipo de impuestos se remontan a la economía clásica liberal de John Stuart Mill en 1834 y están convalidados absoluta y unánimemente por la teoría económica científica más avanzada actual. Los economistas argentinos que se pronuncian contra los derechos de exportación moderados a las materias primas de demanda mundial inelástica al precio, como contrapartida del tipo de cambio real recontraalto, evidentemente ignoran las conclusiones categóricas de la economía internacional científica moderna. 

La tercera medida fiscal inmediata sería establecer un derecho de importación uniforme del 10%, que allegaría al Tesoro Nacional otros varios miles de millones de dólares adicionales. Pero esta medida podría demorarse algo, pues implicaría iniciar la renegociación del cuestionado tratado de unión aduanera imperfecta del Mercosur, y convertirlo en una zona de libre comercio. Uruguay ya ha expresado sus deseos a favor de este cambio. Los derechos de exportación e importación generarían un superávit primario considerable. El argumento principal, reiteramos, consiste en que el tipo de cambio alto acompañado de derechos de exportación e importación bajos permite alcanzar ese superávit fiscal importante sin perjudicar a las exportaciones tradicionales de materias primas, que de todas maneras gozarían de un tipo de cambio real indexado con el índice de precios al consumidor de 1.000 pesos por dólar, una vez descontado el importe de las retenciones, tipo de cambio muy superior comparativamente al vigente a octubre de 2023, de 360 pesos por dólar. Este último tipo de cambio vigente a octubre de 2023 es totalmente desalentador para el campo y para la exportación de materias primas, teniendo en cuenta que todavía hay que descontarle la carga de las retenciones a las exportaciones. Con nuestra propuesta, por el contrario, ese tipo de cambio de 1.000 pesos por dólar, ya descontadas las retenciones uniformes del 20% a los bienes primarios, sería muy alentador, y más todavía para los productos manufacturados y servicios, que sería de 1.200 pesos por dólar, además ambos indexados diariamente con base partiendo desde diciembre de 2023, es decir, en términos reales y para el largo plazo. 

Un punto importantísimo acerca de la política de tipo de cambio real alto que debe resaltarse es que este beneficia a todo el interior del país, a Córdoba, a Santa Fe, a Mendoza, a la Patagonia y el gran Norte argentino, por oposición a la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus partidos circundantes. Otro punto muy importante consiste en que esta propuesta permite reducir el tamaño del Estado argentino en relación con el PBI del 43% actual al 30% instantáneamente, sin el despido masivo de 2 millones de empleados públicos ni tampoco terminar abruptamente con los planes sociales. La transferencia de empleados del sector público al privado y la terminación de algunos de los planes sociales vendrá después, cuando los mismos empleados públicos y los sectores que gozan de “planes” perciban que el sector privado productivo empieza a pagar salarios reales mucho más elevados. Finalmente, está de más aclararlo, los derechos de exportación e importación no se coparticipan, según el art. 4° de la Constitución Nacional, y los engulle totalmente el gobierno federal, lo cual asegura su superávit fiscal, que es importante puesto que permite al gobierno no recurrir a la emisión monetaria.

El sistema monetario chileno de la UF de inflación cero: depósitos bancarios a plazo fijo a más de tres meses indexados, TCR indexado y préstamos bancarios a más de tres meses también indexados diariamente (3)

En lugar de la “dolarización”, que es políticamente inviable, proponemos la adopción de un sistema monetario de inflación cero, que es un sistema monetario ya ensayado y probado en Chile. Este sistema supone la indexación diaria de todos los depósitos a plazo fijo a más de tres meses con el IPC. También la indexación diaria del tipo de cambio de largo plazo con el IPC, todo lo cual traería una inflación inercial que sería combatida con el superávit fiscal y la abundante generación de ahorro interno inducida por el nuevo sistema monetario, como el chileno de la UF, que en la Argentina originalmente propusimos denominar UCE, “unidad de cuenta estable”, pero que, para cumplir con el presidente Javier Milei, podría denominarse DA, dólar argentino o divisa argentina, y consiste, insistimos, en la indexación diaria de todos los depósitos a plazo fijo que se efectivicen en el sistema bancario nacional a más de tres meses, en pesos. Y también de todas las obligaciones internas dentro del país a más de tres meses.

No proponemos nada nuevo ni original: se trata de imitar el exitoso, probado y conocido “modelo monetario chileno” de la “unidad de fomento”, UF, que fuera considerado por otro Premio Nobel, esta vez estadounidense y profesor de la Universidad de Yale, Robert Schiller, como el mejor sistema monetario del mundo.

Algunos economistas en nuestro país propugnan un liberalismo mal entendido y malsano, tipo supply-side economics (4), y proponen, sin duda de buena fe, reformar el Código Civil para permitir que se usen en la Argentina monedas extranjeras en los pagos en los contratos y obligaciones internas. Esto sería un grave error, pues ignora la famosa “Ley de Gresham”, según la cual la mala moneda, el peso, desplaza en el uso a la buena, el dólar, y crearía grandes riesgos, si los salarios se pagan en pesos y, por ejemplo, las obligaciones hipotecarias para comprar una casa se estipulan en dólares. Recordemos las protestas contra los bancos de los deudores hipotecarios en dólares que ganaban sus ingresos en pesos, durante el caos monetario de 2001-2002, después de la depreciación cambiaria. Y recordemos también el pánico furioso del público cuando los bancos no podían restituir los depósitos en dólares de los depositantes (5), porque el Banco Central de la República Argentina no podía emitir dólares para prestar a los bancos comerciales para que estos restituyan a su vez los depósitos en dólares de los argentinos.

Las crisis monetarias gigantescas, como la del 2001 y 2002, se evitan si existe una sola moneda, el peso, indexando diariamente el tipo de cambio, los depósitos a plazo fijo en pesos argentinos en nuestro sistema bancario a más de tres meses y otorgándoles a los depositantes un interés del 2% real en pesos indexados (DA). Los préstamos hipotecarios también deberían estar en pesos indexados (DA), y los contratos salariales cada tres meses también lo estarían, con lo cual se solucionarían las contradicciones y el caos de la economía de “casino”. 

Los proponentes de la “economía de casino” abundan porque lucran con ella en perjuicio del país: son los que proponen el tipo de cambio bajo con el pretexto falso de que así el salario real es alto, como Gerchunoff y Rapetti; son los que creen equivocadamente que la mera causa de la inflación es la devaluación; los que proponen la mala economía del tipo de cambio “libremente” fluctuante y el endeudamiento externo; los que indirectamente provocan una fuga de capitales que a la larga totalizó 400 mil millones de dólares perdidos por la economía argentina; los que proponen pagar a las aves de rapiña como los fondos buitres que sobrevuelan sobre la economía argentina con la pretensión de cobrarle 12 mil millones de dólares, como ya lo hicieron con Paul Singer, lo cual ya causó un gran desprestigio al país, porque todo se sabe al instante en detalle y se comenta en Wall Street. Pagar a los buitres hace subir el riesgo país, aunque en nuestro país se lo disfrace de seguridad jurídica; son los que propusieron la tablita cambiaria a Martínez de Hoz; los que consideran que los déficits fiscales estimulan la economía; los que patrocinan el clientelismo en los nombramientos del Estado, olvidándose de la meritocracia. Son los que olvidan que el sistema de precios libres en una economía solamente tiene efectos sinérgicos y extraordinariamente benéficos para el desarrollo si están acompañados de un tipo de cambio real alto y fijo permanentemente, para así promover la exportación, acompañado de superávit fiscal y tasas de interés internas bajas para fomentar la inversión productiva.

Algunos insisten una y otra vez en tomar el ejemplo del Uruguay, país donde el peso uruguayo circula en competencia con el dólar. Pero se olvidan de que Uruguay, además, implementó el sistema monetario a la chilena, donde dominan los depósitos bancarios a plazo fijo en pesos uruguayos que están indexados, y se permite también la indexación de los préstamos en pesos, con lo cual a los habitantes de ese país no les conviene tener depósitos bancarios a plazo fijo en dólares, porque esta moneda sufre una inflación promedio del 2, 3, 5 o 6% anual. En los últimos 4 años, la inflación en dólares en los Estados Unidos fue del 20%. O sea que el dólar es una opción de ahorro claramente inferior a los depósitos a plazo fijo en pesos indexados, porque además los plazos fijos indexados en pesos uruguayos generan un interés real. En otras palabras, en Uruguay el dólar es una moneda inferior, y en consecuencia el “bimonetarismo”, o sea, la permisividad al dólar, es irrelevante. Lo mismo ocurre en México. Por lo demás, la macroeconomía uruguaya no es un modelo a copiar debido a la fuerte sobrevaluación cambiaria de ese país, el que sobrevive gracias a la calamitosa política macroeconómica de su república vecina: la Argentina.

Como sostuvimos antes, las soluciones contra las crisis financieras y bancarias se logra adoptando un sistema monetario y financiero como el chileno y superávit fiscal. Además, como el dólar mismo sufre de una inflación anual del 3% o el 4%, o más, el sistema que proponemos permite al ahorrista argentino ganar más dinero quedándose en pesos indexados (DA) que comprando dólares, lo cual hace conveniente mantener el ahorro nacional dentro del país en pesos, para poder financiar las cuantiosas inversiones que demanda nuestro desarrollo. 

La indexación de los depósitos y del tipo de cambio debe acompañarse con la derogación completa de la ley 23.928 de Convertibilidad y su derogatoria de 2002, que mantienen todavía una absurda prohibición para la indexación, de orden público, nada menos. Reiteramos que las medidas que proponemos importan seguir con el peso argentino para los pagos corrientes, pero con la creación de una especie de nueva moneda argentina derivada del peso y de valor constante, que denominamos UCE, unidad de cuenta estable, o tal vez mejor, de acuerdo con los tiempos actuales y acercándonos a la idea del nuevo presidente Javier Milei, DA, dólar argentino. El DA propuesto, insistimos para que se entienda bien, es similar a la ya probada y exitosa UF chilena, vigente en el país trasandino por más de 40 años. El DA no es más que el mismo peso argentino pero indexado cuando se trata de obligaciones a más de tres meses de plazo. Insistimos para que quede absolutamente claro: el economista estadounidense, Premio Nobel de Economía, Robert Schiller, después de un detallado estudio en Chile, consideró que ese país tiene el mejor sistema monetario del mundo. Este sistema monetario, al proteger a los ahorristas, impide que el gobierno cobre el llamado “impuesto inflacionario”, es decir, le impide financiarse emitiendo dinero. Y lo obliga a tener sus cuentas en orden, por lo cual, en una gradualidad de alrededor de 3 o 4 años, la inflación se elimina casi completamente.

Bancarización de la economía

Otra medida debiera ser la bancarización de la economía nacional por ley del Congreso, estableciendo en el Código Civil y Comercial que todos los pagos superiores a 200 mil pesos deben hacerse por vía bancaria, bajo pena de nulidad, y también la derogación de la Ley de Impuesto al Cheque. Habría que complementarla con una rebaja del IVA del 10% para todas las compras que se efectúen con tarjeta de débito o crédito, o por medios electrónicos. Esta bancarización permitiría aumentar la recaudación fiscal, porque eliminaría la economía en negro, que, luego de blanqueada, representaría el 40% de la economía nacional y, como contrapartida, permitiría reducir las cargas fiscales agobiantes que sufrimos todos los ciudadanos argentinos, excepto los evasores. De esta forma, se combatiría fuertemente la evasión impositiva, que en nuestro país, reiteramos, alcanza el 40%. La reducción de la evasión impositiva por la vía de la indexación de los balances de las empresas permitiría reducir el impuesto a las ganancias de los negocios, que hoy en la Argentina es uno de los más altos del mundo. La rebaja del impuesto a las ganancias en términos reales de las empresas daría un fuerte impulso a la inversión privada. En los últimos 12 años, la tasa de inversión bruta interna de la Argentina es la más baja de América Latina y no llega a un preocupante 15%.

Eliminación de las Leliqs y prohibición de adelantos del Banco Central al gobierno

Dentro de la política monetaria y fiscal catastrófica de los últimos años se incluyen las llamadas “Leliqs”. Este esquema permite al gobierno nacional incurrir en fuertes déficits fiscales y emitir grandes cantidades de dinero para financiar sus gastos y el déficit fiscal consiguiente. Luego, para evitar la hiperinflación que su propio desborde de emisión monetaria genera, el Estado creó el engendro de las Leliqs, que son letras de liquidez que compran los bancos para retirar el exceso de moneda creado por el mismo gobierno vía Banco Central y que son parte del activo en sus balances. De esta manera, los bancos, en lugar de financiar la producción industrial, agrícola y de servicios con los depósitos bancarios del público, financian absurdamente al propio gobierno, retirando la emisión espuria previa y cobrando un jugoso interés para ello. Esta corruptela debe eliminarse con un decreto de necesidad y urgencia, como establecimos antes, que convierta a las Leliqs en capital de los bancos con obligación de no comprar divisas, sino tenerlo como respaldo a los depósitos y prestarlo indexado a las empresas privadas productivas para la inversión, la creación de empleo privado productivo y en préstamos hipotecarios a muy largo plazo y bajas tasas de interés reales para la construcción de viviendas. Al mismo tiempo, debe volverse al viejo mecanismo de la suba o baja de los encajes bancarios tradicionales por parte del Banco Central para regular la cantidad de dinero en circulación. Por otra parte, la indexación de la economía impedirá al gobierno ganar con la emisión y el señoreaje monetario. En 3 años se eliminará gradualmente la inflación. Así ocurrió en Chile a partir de 1982.

Indexación de los salarios con el IPC

Otra medida que debería tomarse sería la actualización trimestral de los salarios en forma automática con el IPC, a convenir en convenios colectivos de trabajo trianuales, indexación sujeta previamente a la estipulación de “cláusulas de productividad”, a establecer en los mismos convenios de trabajo. Es decir, proponemos la generalización de la famosa “cláusula gatillo”, como desean los trabajadores y como ocurre en los convenios colectivos en los Estados Unidos, desde la época del presidente Ronald Reagan en el decenio de 1980. El punto de partida de la indexación salarial debería ser el promedio de los salarios reales de cada gremio en el 2019-2023. 

Repatriación de capitales

Otra importante medida, consistente en un todo con las anteriores, sería la sanción de una ley muy generosa con incentivos para la repatriación gradual de los capitales que por más de 400 mil millones de dólares los argentinos tienen en el exterior o en sus cajas fuertes, medida que ayudaría también a disipar definitivamente la nube negra del default que se cierne sobre la economía nacional para 2024. Esta repatriación estaría triplemente incentivada por el tipo de cambio recontraalto, por la indexación de los depósitos a plazo fijo y por un blanqueo impositivo, previo pago del 1%, excluyendo obviamente a los capitales fugados de la corrupción y del narcotráfico. Esta repatriación permitirá arreglar el problema de la deuda externa, terminar con el endeudamiento externo del Estado y su contrapartida de compra de dólares y envío al exterior por parte del público argentino. No es pura casualidad que el monto de la deuda externa del Estado argentino sea el equivalente exacto de la fuga de capitales por parte del sector privado. 

Debemos aclarar, para desmentir a los críticos kirchneristas, que el endeudamiento externo normalmente no se hace “para” fugar capitales, como ellos acusan al gobierno de Macri, sino para cubrir el déficit fiscal. Lo que ocurre, sin embargo, es que cuando el gobierno ofrece en el mercado los dólares que obtuvo a través del endeudamiento, precisamente, para hacerse de pesos para cubrir su déficit fiscal, la oferta de dólares del gobierno hace bajar el valor del dólar en el mercado de cambios, “libre y fluctuante”, y el sector privado, que no es tonto, al ver que el dólar se ofrece más barato, lo compra y lo fuga. La ley de repatriación que proponemos, en sintonía con el sistema monetario del DA, repetimos, debería ser generosa y estar condicionada a que los que traigan su capital depositen su dinero en plazos fijos indexados en DA en los bancos del país, o compren acciones de empresas que coticen en las bolsas del país y mantengan esas inversiones en cartera por un mínimo de tres años, con el pago por una sola vez del 1% como impuesto de blanqueo. El blanqueo debe efectuarse con exclusión de los dineros de la corrupción y del narcotráfico, los que, por el contrario, deberían ser decomisados.

Arreglo de la deuda externa

Las medidas anteriores son consistentes con el arreglo de los problemas de la deuda externa que enfrenta el país, incluso la contratada con el FMI. Precisamente, el arreglo del problema de la deuda externa, que hoy aflige a nuestro país, sería otra gran medida, ahora muy fácil de implementar con gran beneplácito del FMI y la comunidad financiera internacional.

Los acreedores y el Fondo Monetario piden a gritos que previamente el gobierno presente un plan económico fundado en un tipo de cambio competitivo para las exportaciones. Quieren saber en qué dirección va a ir la Argentina, país que hace más de 70 años registra una decadencia casi constante, con la excepción del período 1956-1972. El propio FMI aprobaría vivamente este plan económico, porque le permitiría recobrar el préstamo de 44 mil millones de dólares que otorgó al gobierno de Macri y que renegoció muy a su pesar varias veces con el kirchnerismo.

Este programa económico, por su seriedad científica, daría autoridad moral al gobierno en el momento del exequatur del art. 517, inc. 4°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, para denunciar y rechazar la maniobra delictuosa de los Eskenazi, socios del kirchnerismo, quienes, con motivo de la defectuosa expropiación de las acciones de YPF implementada por el kirchnerismo, pretenden cobrar y estafar en 16 mil millones de dólares al pueblo argentino, por la vía de un juicio írrito, fraudulento, inconstitucional, violatorio del art. 116 de la Constitución argentina y del derecho internacional, incoado en el Juzgado Federal del Distrito Sur de Nueva York, que está a cargo de la jueza “probuitres” Loretta Preska, sucesora del juez también “probuitres” Thomas Griesa, fallecido en 2017. Debe recordarse la teoría de la “eficiencia de los mercados de capital”, explicada en el capítulo XXII, la cual determina que las comisiones enormes que deberían pagar los buitres para cobrar de las autoridades argentinas se conocerían inmediatamente en Wall Street, y ello redundaría en un gran desprestigio para nuestro país. Los buitres deberían pedir el exequatur del art. 517, inc. 4°, explicado antes, como cualquier otro acreedor hijo de vecino. Recuérdese al respecto la opinión del eminente maestro del derecho internacional, el profesor alemán-argentino Werner Goldschmidt, citado en la nota al pie 36 del capítulo XIX, donde los aspectos jurídicos de la deuda externa se tratan con la máxima profundidad.

Supresión del impuesto a los ingresos brutos. Ley nacional marco. Impuesto al valor venal de la tierra libre de mejoras computable a cuenta de ganancias

Otra medida que proponemos es la implementación a nivel provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del impuesto al valor venal de la tierra libre de mejoras, en sustitución del impuesto provincial a los ingresos brutos (6). Este impuesto al valor venal de la tierra libre de mejoras, como si estuviera pelada, debería estar precedido por una ley marco nacional que permita computar el pago del impuesto provincial a la tierra —que es un impuesto muy progresista y estimula la producción y desestimula la propiedad de tierras incultas— como pago a cuenta del impuesto nacional a las ganancias. El contribuyente que paga el impuesto a las ganancias correctamente considerará que el impuesto al valor venal de la tierra libre de mejoras no es para nada gravoso. Por el contrario, lo pagará con gusto, en lugar del impuesto a las ganancias. Pero el propietario terrateniente haragán, que especula con la valorización y no trabaja su tierra, protestaría con todas sus fuerzas contra el impuesto al valor venal de la tierra libre de mejoras, dado que no lo podría descargar como pago a cuenta de ganancias, ni tampoco podría evadirlo. Esta propuesta impositiva permitiría aumentar los salarios reales en un 12%, al eliminarse el impuesto a los ingresos brutos, que es regresivo, no solamente porque se traslada a los precios, sino porque lo hace en forma acumulativa, en cascada, en cada etapa del proceso productivo, y afecta más a los que menos tienen. 

Lo lamentable es que el gobierno de Alberto Fernández asumido el 10 de diciembre del 2019 autorizó a las provincias a aumentar el impuesto a los ingresos brutos, lo cual significa rebajar los salarios reales, como explicamos antes. Obviamente, esa fue una política de intención populista, pero en verdad ultrarregresiva. Además, al aumentar el impuesto a los ingresos brutos, se desalentaron las exportaciones, puesto que, no solamente el impuesto a los ingresos brutos obliga a subir los precios, sino que, además, este impuesto no es reintegrable a los exportadores. 

En otras palabras, a la inversa, la eliminación del impuesto a los ingresos brutos y su sustitución por el impuesto al valor venal de la tierra libre de mejoras incentiva la producción agropecuaria, la industria de la construcción y la creación de empleos. Estimula también las exportaciones y mejora los salarios reales. Además, y no menos importante, permitiría modificar, desbloquear y mejorar, indirectamente, al pésimo sistema de coparticipación “pétreo e inmodificable” establecido en la Constitución de 1994. 

La red federal de autopistas

El abundante financiamiento que posibilita este plan económico permitiría la materialización en pocos años de un gran proyecto de infraestructura (7) que reduciría grandemente los costos de transporte, tanto el puramente interno como el dirigido a la exportación, en el orden del 30% de nuestro país. Se trata de la red federal de autopistas, que ya tiene un proyecto de ley en el Congreso que duerme el sueño de los justos. La red en cuestión permitiría, además, reducir accidentes por choques frontales, que, por año, provocan más de 6000 muertes en nuestro país. La inversión en autopistas unificaría el país y favorecería las economías regionales. Sería vital para nuestro desarrollo y para la exportación. Ante la ineptitud de los gobiernos nacionales argentinos de los últimos 50 años, se ha ido levantando la gran red de ferrocarriles que nos unía y se ha fomentado la desintegración nacional: ya hay provincias, como Mendoza, donde se habla de secesión. En los Estados Unidos se ha considerado que la red federal de autopistas construida en 1956-1960, contra la opinión de economistas miopes, fue la mejor inversión económica del gobierno federal de ese país en 200 años.

Puerto de aguas profundas

Otra medida posibilitada por las nuevas fuentes de financiamiento que generaría este plan económico debiera ser la construcción de un puerto de aguas profundas (8) (PAP) en el litoral marítimo de la provincia de Buenos Aires (9). El actual puerto de la ciudad de Buenos Aires es un puerto meramente fluvial de 9 metros de calado. En efecto, con la profundización reciente de los Canales de Panamá y Suez para buques de 16 metros de calado, el puerto de la ciudad de Buenos Aires es antieconómico, no permite el acceso a buques de gran calado, que hoy abaratan considerablemente el comercio internacional, debido al uso de “economías de escala”. Operativamente es el puerto más caro del mundo e impide una política de fuerte apertura de la economía nacional al comercio exterior, como la que proponemos. El PAP permitiría ahorrar miles de millones de dólares que se gastan hoy inútilmente con el dragado y balizamiento de los ríos Paraná y de la Plata. Pero, además, los puertos de Rosario, San Lorenzo y Timbúes, así como el de la ciudad de Buenos Aires, podrán usarse más eficientemente mediante el uso de barcazas chatas de 6 metros de calado que alimentarían al puerto de aguas profundas, situado en algún lugar de la costa marítima de la provincia de Buenos Aires a determinar. Los efectos geopolíticos favorables a la Argentina sobre la cuenca del Plata serían enormes, ya que permitiría a nuestro país ser el gran facilitador del comercio exterior de Bolivia, Paraguay, sur de Brasil, Uruguay e incluso Chile. Pero, además, permitiría a la Argentina eliminar el peaje por el dragado y balizamiento de la hidrovía, peaje que genera enojosos conflictos, como el actual con Paraguay y con los países de la cuenca del Plata.

Supresión de los aportes patronales, expansión del seguro de desempleo y supresión de las indemnizaciones por despido para los nuevos contratos de trabajo

Otras medidas están relacionadas con mejoramientos adicionales de la participación del trabajo en el ingreso nacional. El fuerte crecimiento económico que se generaría con la aplicación de las medidas antes enunciadas impulsaría un gran aumento en la demanda de trabajo, la cual sería reforzada más aún porque los empresarios calculan el salario en dólares, que sería menor, por el efecto del tipo de cambio elevado. Este fuerte aumento de la demanda de trabajo debe ser reforzado todavía más por medio de la supresión del aporte patronal sobre los salarios que hoy se usa para financiar las jubilaciones y su sustitución con un aumento de la tasa del IVA, impuesto que se devuelve a los exportadores. Además, se debería reforzar considerablemente y universalizar el seguro de desempleo, como el que existe en Estados Unidos o el que se aplica en la industria de la construcción en nuestro país, el que debería sustituir a las indemnizaciones por despido para los futuros empleados, porque el sistema de las indemnizaciones por despido es hoy un freno a la contratación de nuevo personal y al logro del pleno empleo, especialmente por medio de las pymes. Esas indemnizaciones son contraproducentes para la clase trabajadora en su conjunto.

El impacto del alto tipo de cambio real en la demanda de trabajo privado es clave, no solamente porque es necesario transferir el enorme exceso de empleo público improductivo al sector privado, sino también porque los empresarios privados calculan el costo salarial en dólares, y por el importante efecto multiplicador sobre el PBI, generado por el crecimiento de las exportaciones. Cabe, al respecto, reiterar hasta el cansancio que a los trabajadores no les interesa el salario en dólares, sino el salario real dividido por el índice de precios al consumidor. Los trabajadores consumen principalmente bienes no transables internacionalmente. Este salario real será alto por el fuerte incremento de la demanda de trabajo inducida por el crecimiento económico y la supresión de los aportes patronales. Pero también mediante la indexación del salario con el IPC y su pago en DA en las convenciones colectivas de trabajo negociadas por tres años, como se propuso antes. 

Fomentar el entrenamiento de la fuerza laboral en las mismas empresas privadas, cuyo costo debiera ser computable como pago a cuenta del impuesto a las ganancias de las empresas

Quizá la medida más acertada del gobierno del general Perón en 1946 haya sido el fomento para la creación de escuelas técnicas en las mismas empresas usuarias de los trabajadores que necesiten entrenarse. Ese apoyo es esencial para el desempeño de sus tareas. En la Argentina ya hay tres generaciones de personas que viven de subsidios y no conocen el trabajo. Abuelos, hijos y nietos. Y representan el 40% de la fuerza de trabajo. Dentro de ellos hay un excedente de 2 millones de empleados públicos improductivos y clientelares que es imprescindible reabsorber en el sector privado. El costo del entrenamiento debiera ser computable como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, para compensar por las deseconomías externas de las empresas que toman y entrenan trabajadores sin preparación, contribuyendo así también, indirectamente, a flexibilizar inteligentemente la coparticipación federal, congelada por la Constitución menemista de 1994.

Epílogo

Cabe destacar que el impacto favorable y esencial del tipo de cambio alto en el inicio del proceso de desarrollo económico no se enseña en las universidades estadounidenses, porque, si todos los países devaluaran su moneda, ninguno la devaluaría en términos reales, por una imposibilidad lógica y matemática. Por eso, la devaluación en términos reales solamente ha sido ensayada selectivamente por algunos pocos países con importancia estratégica para los Estados Unidos, país que conduce entre bambalinas al FMI y, por ende, los tipos de cambio reales entre las naciones, aunque China continental y la Unión Europea tiendan hoy a desafiar esa supremacía. El próximo gobierno argentino debiera despertar y seguir la fórmula exitosa desarrollista que ahora proponemos. Se trata de la misma que aplicaron en la posguerra Japón, Alemania Occidental, Corea del Sur, Taiwán, Brasil, Chile y otros países mimados por los Estados Unidos en aquellos tiempos de Guerra Fría: tipo de cambio real alto, apertura de la economía, superávit fiscal y tasas de interés reales bajas, todo ello con meritocracia en la Administración Pública. Esa meritocracia requiere de maestros, médicos y fuerzas armadas y de seguridad bien pagos, lo cual implica reducir previamente el gasto en el empleo público meramente clientelar que hoy prevalece en nuestra Administración Pública. Es la misma receta que estuvieron aplicando los chinos continentales desde 1980, teóricamente comunistas, pero practicantes del más inteligente capitalismo desarrollista. 

Es evidente que el tipo de cambio devaluado licúa el déficit fiscal en dólares como porcentaje del PBI y lo torna financiable con los derechos de exportación e importación. Es evidente también que el tipo de cambio competitivo achica el peso relativo del Estado en el PBI y repotencia el peso relativo de los sectores productivos de bienes y servicios transables internacionalmente en el mismo PBI, posibilitando de esta manera el traspaso de la mano de obra sobrante de los sectores estatales ineficientes a los sectores privados más eficientes. 

Reiteramos, la Argentina debe obtener los dólares que necesita por la vía de las exportaciones y por la repatriación de sus capitales fugados, y no por la vía de la deuda externa. Ello requiere una política de largo plazo de un tipo de cambio muy alto y también indexado. Si el tipo de cambio es muy alto, como en 2003, los derechos de exportación del 20% a los bienes primarios de demanda mundial inelástica se justifican plenamente y no son dolorosos. Además, así se favorece la exportación de bienes con mayor elaboración y la creación de una industria de exportación eficiente. Las políticas correctas se adoptan al inicio del gobierno, cuando el gobernante genera una gran esperanza, tiene gran prestigio y fuerza. De ahí la necesidad del shock inicial. 

O quizá el país caiga en un abismo de desintegración por falta de visión y una estrategia auténticamente liberal-desarrollista de sus políticos. Las instituciones económicas de un país son como los metales, que solo son maleables a altas temperaturas que los derriten, como las que la Argentina ya está experimentando en 2024. La oportunidad existe; falta saber si los gobernantes electos en octubre o noviembre de 2023 tienen preparados los nuevos proyectos de ley sobre qué hacer con la economía política en nuestro país (10). 

Cap.XXX,

ECONOMIA POLITICA ARGENTINA / Como revertir la decadencia argentina

por

Eduardo R. Conesa

Luis A. Rey

Gustavo R. Zunino

Notas al pie:

(1) GERCHUNOFF - RAPETTI, “La economía argentina y su conflicto distributivo estructural”, El Trimestre Económico, vol. LXXXIII (2), nro. 330, abril-junio de 2016, ps. 225-272.

(2) Al respecto, ver diputado Eduardo Conesa, Proyecto de Ley presentado al Congreso el 18/04/2016 sobre Modernización, Eficiencia y Transparencia del Estado, 1743-D-2016 —Legislación del Trabajo, Peticiones, Poderes y Reglamento, Presupuesto y Hacienda—, 18/04/2016. 

(3) CONESA, Eduardo, Macroeconomía y política macroeconómica, 7a ed., La Ley, Buenos Aires, 2019, ps. 706 y ss. También en Obligaciones monetarias. Creación de la unidad de cuenta estable y reactivación de la economía, libro publicado por el Congreso con 27 proyectos de ley presentados por el diputado Eduardo Conesa (1513-D-2016 —Legislación General, Finanzas, Presupuesto y Hacienda—, 11/04/2016).

(4) Ver al respecto KRUGMAN, Paul, Peddling Prosperity, Norton, New York, 1994, p. 82. 

(5) El mismo trágico y obvio error cometería Milei si realmente dolarizara la economía argentina.

(6) Ver, por ejemplo, CONESA, Eduardo, Macroeconomía y política macroeconómica, La Ley, Buenos Aires, cap. 61, p. 895. También el libro azul publicado por el Congreso con el Proyecto de Ley del diputado Conesa de aumento de la productividad de la economía mediante reformas impositivas de orden nacional y provincial, derogación de ingresos brutos, creación de impuesto a la tierra libre de mejoras computable como pago a cuenta de ganancias, 4169-D-2017 —Presupuesto y Hacienda—, 03/08/2017.

(7) Diputado Eduardo Conesa, Proyecto de ley: Red Federal de Autopistas, 2822-D-2016 —Transportes, Seguridad Interior, Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda—, 18/05/2016. 

(8) Diputado Eduardo Conesa, Proyecto de Ley: Ley de Puerto de Aguas Profundas —Intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios. Obras públicas. Asuntos constitucionales y Presupuesto y Hacienda—, 5158-D-2017, 26/08/2017. Ver también CONESA, Eduardo, Propuestas superadoras para el desarrollo económico, Prosa Editores, 2018, p. 389. 

(9) Como demostración práctica adicional de la necesidad de un puerto de aguas profundas debe mencionarse el caso reciente y escandaloso de enero de 2024, mes en el cual se generó la colisión de un enorme carguero liberiano contra el puente de Zárate-Brazo Largo.

(10) Al respecto, no es necesario perder tiempo, pues ya existen proyectos concretos que solo necesitan retoques de actualización, proyectos de ley que pueden consultarse en el libro azul Proyectos de ley, de 544 ps., publicado oficial y espontáneamente por el Congreso de la Nación en 2017, en reconocimiento a los proyectos de ley presentados en 2016-2017 por el entonces diputado nacional Eduardo Conesa.